Salt y Olot son los municipios catalanes que más impuestos locales destinan a políticas de vivienda, según un estudio presentado por las cátedras de Economía Aplicada de la UPF y Tecnocasa. El informe revela que en 2023 solo el 25% de los más de 5.000 millones de euros recaudados con tributos vinculados a la vivienda se reinvirtieron en políticas públicas para garantizar el acceso habitacional, una cifra muy por debajo de la media europea. A pesar de tener una de las presiones fiscales más altas de Europa –con un tipo efectivo del 30,3%, el triple que la media de la UE–, España solo dedica el 1,13% de su parque de viviendas al alquiler social, lejos de países como Países Bajos (37,7%) o Austria (23,6%).
El estudio pone de manifiesto grandes desigualdades entre municipios: mientras Salt (43,9%), Olot (36,7%) y Santa Coloma de Gramenet (35,9%) lideran la inversión proporcional respecto a la recaudación, Sant Cugat (9%), Sitges (12,3%) y Esplugues de Llobregat (14,3%) se sitúan a la cola. Según los autores, esta diferencia responde al nivel de renta y al precio del suelo: los municipios más ricos recaudan más pero destinan una parte muy inferior a políticas de vivienda social. También se critica la baja elasticidad del mercado, donde la oferta apenas reacciona al incremento de precios y demanda.
Además, el informe denuncia retrasos en la gestión urbanística, como el incumplimiento sistemático de los plazos legales para conceder licencias de obra, y reclama una política de vivienda estable, bien financiada y con menor carga fiscal, especialmente en el ámbito del alquiler social y la vivienda asequible para jóvenes y colectivos vulnerables. Los autores proponen eliminar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para jóvenes con pocos recursos y permitir que los ayuntamientos inviertan sus superávits presupuestarios, actualmente restringidos por normativa estatal.
