La Generalitat y el Gobierno del País Vasco han unido fuerzas para reclamar en Bruselas que la vivienda tenga el mismo trato excepcional que el gasto en defensa y quede fuera de las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Consideran que solo así las administraciones podrán disponer de más margen para invertir en vivienda asequible y dar respuesta a una crisis que afecta a la cohesión social en Europa.
La iniciativa se suma a la que ya había defendido el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, junto con otros quince alcaldes europeos bajo la alianza Alcaldes por la Vivienda. Los gobiernos recuerdan que la UE solo había flexibilizado las normas de déficit durante la pandemia y que ahora se plantea hacerlo con el gasto militar, hecho que refuerza el argumento de aplicar el mismo criterio a la vivienda.
El documento conjunto incluye un decálogo que sitúa la vivienda como un recurso estratégico europeo y apuesta por una financiación estable y a largo plazo a través del Banco Europeo de Inversiones. También reclama criterios de convergencia entre estados para reducir las diferencias en vivienda protegida, con datos que muestran que mientras en Europa la media supera el 9%, en España apenas alcanza el 2%.
Además, se defiende que la política de vivienda priorice su función social y ponga el foco en la juventud, ante la baja tasa de emancipación y natalidad. Cataluña, con 271 municipios declarados zonas tensionadas, y el País Vasco, que prepara la inclusión de Bilbao y Vitoria, presentan estas demandas en un momento clave: la Comisión Europea está a punto de aprobar un plan europeo de vivienda asequible antes de final de año.
