El Congreso de los Diputados ha rechazado el decreto ley Ómnibus aprobado por el Gobierno antes de las fiestas de Navidad, que, entre otras medidas, pretendía prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026 las medidas del denominado escudo social.
Este escudo social, actualmente vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, permite a las personas y familias en situación de vulnerabilidad instar un incidente de vulnerabilidad ante los juzgados, con el efecto de suspender la ejecución de las sentencias de desahucio cuando no existe una alternativa habitacional, dejando en suspenso los lanzamientos judiciales.
La no convalidación del decreto implica que no se aprueba la ampliación temporal de estas medidas, de modo que, si no se adopta una nueva norma con rango de ley, el escudo social dejará de ser aplicable a partir de la fecha de caducidad ya prevista.
El rechazo del decreto se ha producido con los votos en contra del PP, Junts y Vox, a pesar del apoyo de los socios parlamentarios del Gobierno. Además de la suspensión de los desahucios en casos de vulnerabilidad, el decreto también incluía la prórroga de la prohibición de los cortes de suministros básicos y del bono social eléctrico, medidas introducidas en 2020 y prorrogadas sucesivamente.
Esta situación genera inseguridad jurídica tanto para las personas afectadas como para los procedimientos judiciales en curso, y deja abierta la posibilidad de que el Gobierno intente articular un nuevo acuerdo parlamentario para garantizar la continuidad de estas medidas más allá del 31 de diciembre de 2025.
