La modificación de la ley de vivienda aprobada por la Generalitat permitirá frenar temporalmente la pérdida de viviendas de protección oficial (VPO) en los municipios declarados como zonas tensionadas, una categoría que incluye a varios municipios de la demarcación de Girona. La medida, en vigor desde 2026 y vigente hasta marzo de 2027, es prorrogable anualmente mientras se mantengan las dificultades de acceso a la vivienda.
Esta prórroga impedirá que viviendas que debían perder la calificación de VPO en 2026 y 2027 pasen al mercado libre, un hecho que habría contribuido al aumento de los precios y a la especulación inmobiliaria.
Entre los municipios de la demarcación de Girona que verán un mayor impacto positivo de la prórroga destaca Olot, con 239 viviendas que mantendrán la protección. En Girona capital, la medida afecta a 232 pisos, mientras que en Figueres son 182 las viviendas que seguirán calificadas como VPO.
Otros municipios gerundenses incluidos en las zonas tensionadas también se beneficiarán de la prórroga: Blanes (125 viviendas), Salt (84), Lloret de Mar (69), Palamós (60), Santa Coloma de Farners (54), Roses (51) y l’Escala (46). Estos municipios concentran el grueso de las viviendas de VPO que estaba previsto que se descalificaran en 2026 o 2027.
Según el director general de Vivienda, Jordi Mas, la prórroga es una herramienta más para intervenir el mercado inmobiliario y contener los precios de la vivienda. Las viviendas de VPO afectadas solo podrán venderse a precio tasado, deberán destinarse exclusivamente a uso residencial y no podrán convertirse en pisos turísticos ni de uso temporal. Mas subraya que la clave de este blindaje es su carácter temporal, ya que responde a una situación excepcional, y recuerda que la jurisprudencia establece que el derecho a una vivienda digna prevalece sobre el derecho a obtener un beneficio especulativo.
Actualmente, en Cataluña quedan 90.523 viviendas de protección oficial, pero si no se aplican medidas adicionales, 28.883 habrán perdido la calificación antes de 2030, es decir, una de cada tres. Esta pérdida progresiva del parque protegido preocupa a las entidades sociales.
Desde el Observatorio de Derechos Sociales y Ambientales (DESCA) valoran positivamente la prórroga y defienden que debería aprovecharse para rescatar estas viviendas. Proponen que la administración disponga de un listado de los pisos protegidos por la prórroga y que, si se ponen a la venta, se adquieran a precio de VPO para incrementar el parque público permanente, también en la demarcación de Girona.
Las entidades alertan de que la pérdida de vivienda protegida es una “sangría” que hay que frenar e insisten en que no se puede renunciar a ninguna vivienda de protección oficial.
