El Govern de la Generalitat, presidido por Salvador Illa, ha anunciado que estudiará limitar o prohibir la compra especulativa de viviendas como medida para frenar el encarecimiento del mercado y la escasez de oferta residencial. Según un informe jurídico encargado por el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, la medida solo sería constitucional si se aplica de forma temporal, territorial y en zonas declaradas como mercados tensionados.
Los expertos discrepan sobre su viabilidad y efectos. Mientras que investigadores como Jaime Palomera (IDRA) defienden que la medida podría ayudar a garantizar la cohesión social, otros como Òscar Gorgues (Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona) advierten que podría generar inseguridad jurídica y frenar la construcción de nueva vivienda.
Como alternativas, se apuntan instrumentos fiscales para evitar la concentración de inmuebles en pocas manos, como el incremento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales a partir de la quinta vivienda o la posible modulación del IBI según el número de propiedades.
Paralelamente, el Parlamento de Cataluña ha admitido a trámite una proposición de ley de Junts per Catalunya que permitiría a las comunidades de propietarios iniciar acciones judiciales contra ocupaciones conflictivas que alteren la convivencia o pongan en peligro la seguridad del inmueble. La propuesta modifica el Código Civil y la Ley de la Vivienda de 2023, y pretende dotar a las comunidades de vecinos de una herramienta legal para actuar cuando el propietario o el ayuntamiento no intervengan.
