Cataluña se encuentra muy por debajo de la media europea en cuanto al alquiler social: solo el 2% de las viviendas principales tienen este régimen, lejos del 9% europeo. Para lograr esta cifra el 2045, el gobierno calcula que habría que incorporar 260.000 pisos de alquiler social en 20 años, un ritmo de 37 pisos diarios, de los cuales 25 serían de obra nueva. Se trata de un esfuerzo de construcción nunca viste en el país.
Del total previsto, un 70% (184.000 pisos) se tendrían que construir de cero, mientras que el resto vendrían de compras al mercado y de la movilización de pisos vacíos o de alquiler privado. Varios expertos coinciden que el objetivo es técnicamente posible, pero solo si hay una inversión pública muy superior, simplificación normativa y un compromiso político estable que garantice continuidad, incluso cuando cambie el gobierno.
El plan territorial del gobierno fija objetivos más altos en zonas de máxima demanda y tensión residencial, como el Área Metropolitana de Barcelona y el litoral, donde municipios como Mataró, Lloret de Mar, Palafrugell o Salou tendrían que llegar al 10,3% de alquiler social el 2045. Actualmente, ningún municipio de las zonas tensionades llega a la media europea: Barcelona se queda entre el 2% y el 3%, y Sant Adrià de Besòs es el mejor del CON con casi un 6%.
En cambio, destaca Salt, que ya frota el 9% y es el municipio grande con más peso de vivienda social. Lo ha conseguido principalmente gracias al uso intensivo del derecho de tanteo y retracto, adquiriendo viviendas de bancos y grandes tenedores para destinarlos tanto a familias vulnerables como jóvenes que se quieren emancipar. El municipio muestra que, con estrategias activas y continuadas, se pueden generar resultados significativos.
Elena del Rey, directora de la cátedra de Habitatge de la Universitat de Girona, opta para simplificar normativas, escuchar los promotores y constructores de vivienda y, sobre todo, "invertir mucho más dinero en políticas de vivienda"
