Solo una de cada cuatro VPO construidas el año pasado se destinaron al arrendamiento, la mitad del objetivo del Gobierno.
Carme Trilla cree que hay tres obstáculos: el suelo, las subvenciones y la financiación. El primero, explica, “tendría que ser a coste casi cero” porque “si se realiza sobre suelos de reserva para VPO, el precio es disuasorio”. Es decir, a los promotores no les sale rentable y para ello serían necesarias unas subvenciones que, “pese a los planes europeos Next Generation, están por concretar”. A ello se añade el problema de que “los bancos no quieren financiar vivienda en alquiler”, aunque, según expone la economista, que también forma parte del consejo asesor del ministerio, “se está hablando con el ICO [Instituto de Crédito Oficial] para que abra líneas”.
