La "Agència Catalana de l'Habitatge" (ACH) cuantifica en 1.028 el número de inmuebles de su parque ocupado ilícitamente, que representa un 4,6% del total. Además de los pisos de entidades bencarias y fondos de inversión, que llevan años vacíos, también los que son de propiedad pública gestionados por administraciones y los de entidades sociales son usurpados. Las familias con escasos recursos que esperan un alquiler social no son pocas, y a la hora de la verdad, cuando finalmente se les adjudica una vivienda, se dan cuenta que alguien ha roto la cerradura y se ha apoderado del hogar.
