El gobierno catalán planea expropiar hasta 189 viviendas vacías de grandes tenedores en 14 municipios con alta demanda de vivienda. Estas viviendas serán destinadas a alquiler social. El gobierno requerirá a los propietarios que acrediten que sus pisos no están desocupados. En caso contrario, se procederá a la negociación y, si no se llega a un acuerdo, se realizará la expropiación forzosa. Se prevé tener las primeras viviendas disponibles a partir del 2024.
La Generalitat dispone de 5 millones de euros para expropiar entre 50 y 70 viviendas, pero podría buscar más financiación. Los municipios afectados son Cornellà de Llobregat, Figueres, Lloret de Mar, Mataró, Mollet del Vallès, Reus, Roda de Berà, Rubí, Salt, Tarragona, Valls, Vic, Viladecans y Vilanova i la Geltrú. En todo Cataluña, hay 31.198 viviendas vacías.
El proceso de expropiación pasa por requerimientos a los propietarios y periodos de negociación. Las propiedades acabarían en manos de la Generalitat después de pagar su valor catastral. El gobierno catalán considera estas medidas más tangibles que las anunciadas por el gobierno español en materia de vivienda.
