Dos meses después de la entrada en vigor del régimen sancionador de la ley de vivienda, el Gobierno ha hecho balance. Según la consejera Sílvia Peneque, se han iniciado 148 inspecciones (68 en locales, 74 en páginas web y 6 en portales inmobiliarios) y se han atendido 20 denuncias ciudadanas.
Se han detectado estrategias para eludir la regulación de precios, como desglose irregular del precio, modificaciones encubiertas del alquiler y exigencias ilegales en fianzas y garantías. Las sanciones pueden llegar hasta los 900.000 euros.
La Generalitat reconoce que el número de inspectores es insuficiente y que es necesario ampliar el cuerpo en 75-100 agentes más. Los Comunes presionan para que el Gobierno sea proactivo en la fiscalización y exigen máxima transparencia. Además, denuncian que la campaña institucional prevista para informar a los inquilinos aún no se ha puesto en marcha.
