La asociación de propietarios Som Habitatge ha alertado este miércoles de una caída del 19% en el número de contratos de alquiler durante el primer trimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según datos de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, se han registrado 27.716 contratos entre enero y marzo de este año, frente a los 34.495 de 2024. La entidad atribuye este descenso al impacto de la regulación del precio del alquiler, que se aplica desde marzo de 2024 en los municipios declarados como zonas de mercado residencial tensionado.
Som Habitatge considera que la medida ha tenido un efecto global negativo, con una reducción de la oferta de viviendas, inseguridad jurídica y pérdida de confianza por parte de los pequeños y medianos propietarios. También señalan que la bajada media del precio del alquiler ha sido de apenas unos 40 euros, lo que consideran una reducción “leve” en comparación con las consecuencias generadas.
Según la asociación, muchas viviendas han salido del mercado habitual para pasar al alquiler de temporada, a la venta o a la economía sumergida, lo que dificulta aún más el acceso a la vivienda y “expulsa” especialmente a los colectivos más vulnerables, incrementando la precariedad residencial.
Ante este contexto, Som Habitatge ha expresado su rechazo a la regulación del alquiler de temporada y ha reclamado un cambio de paradigma en las políticas públicas de vivienda, apostando por medidas que incentiven la oferta y la colaboración con los propietarios.
Además, la entidad ha mostrado su apoyo a la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, tras la entrada de activistas de la Confederación Sindical de la Vivienda en su sede como acción de protesta. Som Habitatge ha condenado cualquier forma de intimidación y ha defendido la necesidad de mantener el respeto, la libertad y la convivencia como valores fundamentales de una sociedad democrática.
Con esta postura, la asociación se suma al debate sobre la eficacia y las consecuencias de las políticas de control de precios en el ámbito de la vivienda, que sigue generando controversia entre propietarios, administraciones y entidades sociales.
