La Generalitat ha abierto hoy a consulta pública un anteproyecto de ley que simplifica los trámites urbanísticos y ambientales para licencias de obra, con el objetivo declarado de agilizar la construcción de 50.000 viviendas (una de las promesas centrales del actual ejecutivo) y también los proyectos industriales. La reforma modificaría hasta quince normas, entre ellas la ley de urbanismo y la de prevención y control ambiental, y la Generalitat afirma haberla pactado previamente con colegios profesionales y entidades municipalistas. El período de información pública y participación ciudadana se prolongará hasta el 30 de septiembre, con la intención de aprobarla antes de que acabe el año y llevarla después al Parlamento.
El cambio de fondo es que los promotores privados podrán presentar, junto con la solicitud de licencia, un "certificado de conformidad urbanística y técnica" firmado por técnicos externos de entidades colaboradoras autorizadas (ECAU), similar a una declaración responsable. Los técnicos municipales solo tendrían que comprobar que el informe está bien presentado, y se refuerza el silencio administrativo positivo para que los trámites avancen en uno o dos meses como máximo (frente a los aproximadamente doce meses actuales). Estas entidades colaboradoras deberán contar con un técnico responsable y un seguro de responsabilidad civil de un millón de euros que cubra daños por actuaciones deficientes. Los ayuntamientos podrán optar por no acogerse a este "carril rápido" si lo prefieren, y quedan excluidos de la reforma ámbitos como el patrimonio protegido, el dominio público costero o las licencias de vivienda de uso turístico (HUT). En el ámbito ambiental, se prevé eliminar el trámite previo de suficiencia e idoneidad, sustituyéndolo por una revisión posterior; la Generalitat calcula que trámites que ahora duran hasta dos años podrían resolverse en un mes.
El Govern calcula que la aprobación de planeamientos urbanísticos en los ayuntamientos podría acortarse entre cuatro y seis meses, y que los proyectos empresariales declarados "de interés general" verían reducirse a la mitad los plazos de tramitación urbanística. El principal punto de fricción previsible es el ámbito ambiental, donde se pasa de un modelo de control previo a uno de revisión posterior, lo que puede generar objeciones cuando la norma llegue al debate parlamentario.
