Topes en los precios del alquiler, incentivos y penalizaciones: qué dice la ley de vivienda

La ley de vivienda ha recibido luz verde definitiva después de ser aprobada por el Senado, siguiendo la aprobación previa del Congreso de los Diputados. Este adelanto legislativo ha sido posible gracias a un pacto entre el gobierno español, ERC y EH *Bildu, que ha establecido medidas para limitar los precios del alquiler a las zonas más *tensionades del país. Esta iniciativa se ha convertido en uno de los principales puntos de la precampaña electoral de las próximas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

La nueva normativa, que entrará en vigor una vez sea publicada en el Boletín Oficial del Estado, tiene como objetivo contener las rentas de los alquileres, aumentar la oferta de viviendas en los municipios con mayor demanda y proteger tanto los inquilinos como los pequeños propietarios ante los presuntos abusos por parte de los grandes tenedores y los fondos de inversión.

Una de las principales disposiciones de la ley permite a las comunidades autónomas declarar una área territorial como "zona de mercado residencial *tensionat". Esta declaración se realizará cuando el coste mediano de la hipoteca o del alquiler, sumado a los gastos y suministros básicos, supere el 30% de la renta mediana de los hogares o cuando el precio de compra o alquiler haya aumentado al menos tres puntos por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC) en los últimos cinco años. En estas zonas *tensionades, se establecerán límites máximos en los incrementos de los precios del alquiler, que variarán en función de la modalidad de contrato y del tipo de propiedad.

Para los pequeños propietarios, es decir, aquellos con menos de cinco inmuebles, los precios del alquiler se mantendrán congelados durante un periodo de tres años. En cambio, a los grandes tenedores, es decir, los propietarios con al menos cinco viviendas, se aplicará un nuevo sistema de índices de precios de referencia para determinar el precio del alquiler. Sin embargo, estos grandes tenedores tendrán la posibilidad de aumentar el alquiler hasta un 10% en caso de que el nuevo contrato tenga una duración mínima de diez años o si la vivienda ha sido sometido a un proceso de rehabilitación en los dos últimos años, cumpliendo determinadas condiciones de eficiencia y accesibilidad, entre otras.

Hay que destacar que algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, encabezadas por Madrid, han manifestado que no harán uso de la facultad de limitar los precios del alquiler.

Además de la regulación de los alquileres, la ley de vivienda incluye otras medidas relevantes. Establece recargos en el impuesto