El parque de vivienda pública de alquiler social en España cuenta con cerca de 318.000 inmuebles, cifra que representa el 1,72% de los hogares. Este dato queda distante de la media de la Unión Europea, situada en el 8%, y de países como los Países Bajos con un 29%, Austria con un 24%, Dinamarca con un 20% y Francia con un 17%. Para equipararse al nivel europeo, el Banco de España calcula que sería necesario incorporar alrededor de un millón y medio de viviendas adicionales en régimen de alquiler social.
Expertos del sector señalan que esta diferencia responde a la histórica apuesta por la propiedad, a la baja inversión pública y a la falta de un marco legal y fiscal específico para desarrollar entidades gestoras de alquiler asequible. En otros países europeos, estas organizaciones sin ánimo de lucro o de lucro limitado promueven, gestionan y reinvierten los beneficios en la ampliación del parque residencial a largo plazo. Desde el tercer sector se reclama una regulación propia, bonificaciones fiscales, acceso a suelo público y herramientas de financiación para consolidar la gestión de vivienda asequible.
