La Comisión Europea ha presentado el borrador de la futura Affordable Housing Act, el Plan de Vivienda Asequible diseñado para dotar de autonomía a las administraciones regionales y locales en la gestión de la crisis habitacional. La normativa europea crea la figura de las áreas bajo presión residencial, las cuales se deberán determinar cuando se cumplan simultáneamente tres criterios: una ratio entre precio de la vivienda y salarios igual o superior a ocho años de sueldo íntegro, un aumento continuado de esta ratio durante la última década y una demanda poblacional que supere la oferta. En estas zonas declaradas, los municipios podrán implantar restricciones a los alojamientos turísticos de corta estancia y a la compra o uso de suelo para segundas residencias, quedando excluidos de estas restricciones los alquileres de la vivienda habitual del propietario y la fijación de topes a los precios. Las medidas deberán ser proporcionadas, revisables cada cinco años e ir acompañadas obligatoriamente de políticas públicas para aumentar la oferta de vivienda protegida.
En la provincia de Girona, territorio con una alta concentración de municipios turísticos y de segunda residencia especialmente en las comarcas de la Costa Brava y el Pirineo, el marco regulador europeo ofrece nuevas herramientas de planificación local. Las restricciones directas a las actividades de alojamiento de corta estancia tienen un impacto relevante sobre la gestión del parque residencial gerundense, favoreciendo el retorno de inmuebles hacia el alquiler de uso habitual. Desde la plataforma Airbnb se ha advertido que el redactado actual puede generar incertidumbre jurídica para los anfitriones y se ha reclamado diferenciar entre grandes operadores y particulares, mientras que desde el Gobierno español se ha valorado que la propuesta europea se alinea con el concepto de las zonas de mercado tensionado aplicadas en la legislación estatal.
